11/11/2015, Viki Lara, SR Sevilla
Más de 20 personas, incluyendo el parlamentario Paul Murphy y dos concejales de la Alianza Antiausteridad (AAA), empezaron a declarar ante el juez el pasado 2 de noviembre. Su delito: una protesta con sentada en el barrio dublinés de Jobstown que retrasó el coche de la Vice-Primera Ministra durante 2 horas.
Cientos de personas se manifestaron el propio 2 de noviembre a la puerta de los juzgados contra esta criminalización de la protesta y de la lucha contra la austeridad, ya que los hechos juzgados están relacionados con la lucha en numerosos barrios y localidades en Irlanda contra la nueva tasa del agua que está intentando imponer el gobierno irlandés. Se da además la circunstancias de que otros 13 manifestantes, incluyendo la parlamentaria de la Alianza de la Izquierda Unida, Joan Collins, declararon el mismo día en relación con otra protesta contra la instalación de contadores de agua en el barrio de Crumlin.
La tasa del agua, junto con otros muchos recortes y nuevos impuestos de los últimos años, tiene como objetivo hacer pagar a la clase trabajadora irlandesa por la crisis económica y el subsiguiente rescate, y por otra parte facilitar la futura privatización del agua para el beneficio de grandes empresas. Sin embargo, la amplia organización desde las bases que se ha dado en toda Irlanda ha conseguido un boicot masivo de esta tasa que alcanza actualmente el 52%.
En un comunicado de prensa, la AAA calificó el juicio y la vigilancia policial a la que se han sometido varios de sus militantes y representantes como un intento desesperado de atemorizar la protesta y de castigar a una comunidad que se atrevió a oponerse a la austeridad. Además, condenan los intentos de debilitar las posibilidades electorales de AAA y de distorsionar el proceso democrático a través de una prohibición de recoger donativos en las circunscripciones electorales donde se presentan, lo que es práctica habitual en Irlanda.
Hay que tener en cuenta que Irlanda probablemente celebrará sus próximas elecciones generales a principios del 2016, mientras que al mismo tiempo se prevé que el juicio podría tardar incluso un año en concluir. Si Paul Murphy es elegido de nuevo al parlamento irlandés, se podría estar ante la situación de un representante político que debe dejar su cargo precisamente por una condenada de cárcel motivada políticamente, con todo lo que eso representa en cuanto a destrucción de derechos democráticos.
Antes de entrar a declarar, Paul Murphy dijo a los manifestantes que ninguno de los que participaron en la protesta de Jobstown son culpables de ningún delito, y que lejos de tomar una posición meramente defensiva, la AAA acusa al capitalismo y al gobierno irlandés por la devastación económica y social que está sufriendo Irlanda, los recortes y ataques a la clase trabajadora y una supuesta salida de la crisis que solamente lo es para la minoría más rica de la sociedad.
